Arturo Chávez: la pifia .
García Luna: analfabetismo
funcional
Jaime Ramírez Yáñez
Jaime Ramírez Yáñez
La primera lectura que arroja el nombramiento de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General del República (PGR) es que al gobierno calderonista de plano se le acabaron los cuadros para abordar el siempre delicado tema de la seguridad y la justicia en México. Todo indica que su nominación representa un rescate más operado por Diego Fernández de Cevallos quien vuelve así al escenario del poder.
Como delegado en Chihuahua –1994-96– de la dependencia que hoy dirige, bajo el mando de Antonio Lozano Gracia, recomendado por El jefe Diego, el nuevo “abogado de la Nación” tenía ante sí el reto de esclarecer los homicidios seriales en contra de mujeres en Ciudad Juárez y evidentemente no tuvo la capacidad de hacerlo.
Aún más, su declaraciones, calificadas como poco pensadas, desafortunadas y machistas en el sentido de que las víctimas eran las responsables de su destino porque, palabras más o menos, el tipo de ropa que usaban y las amistades que frecuentaban, le trajo serios problemas con organizaciones oficiales y no gubernamentales dedicadas al tema de la protección de los derechos humanos.
Entre 1996 y 1998, Chávez Chávez se desempeñó como procurador del estado de Chihuahua, durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas. Sólo como dato adicional, durante su gestión al frente de la dependencia ocurrieron cuando menos 500 asesinatos de mujeres y la desaparición de 190 hombres. Asimismo hubo varios señalamientos de que el hoy procurador federal utilizaba su plataforma de poder para beneficiar de alguna forma u otra a Diego Fernández de Cevallos.
Incluso, en el expediente del macroproceso en contra del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, aparece una declaración de Donaciano Carrillo Fuentes en el sentido de que uno de los gobernadores que le pedía más dinero a su hermano, El señor de los cielos, era precisamente Barrio Terrazas. Evidentemente la PGR jamás abundó en este señalamiento.
Posteriormente Chávez Chávez fue designado como titular del Órgano Interno de Control y Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En 2002 fue de los actores que recibieron otro señalamiento toda vez que quien era el director de Recursos Financieros de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Arturo Fernández López, denunció que la coordinadora de la dependencia, Carmen Segura, era responsable de malversación de fondos públicos.
La querrella fue presentada precisamente ante la instancia que encabezaba Chávez Chávez. Sin embargo cuando el expediente fue enviado a la Secretaría de la Función Pública, al denunciante le señalaron que tenía todos los elementos para que Carmen Segura fuera absuelta y así sucedió finalmente. En octubre del 2003, dos individuos intentaron asesinar a Arturo Fernández López de cuatro balazos.
Durante su comparecencia ante las diputadas y diputados federales, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna lució su ya conocida pose de responder a los señalamientos. Un actitud muy similar a la de los analfabetas funcionales, que son aquellos que a lo mejor tienen ideas pero no saben cómo expresarlas.
Por ejemplo su idea de desmunicipalizar las actividades policiacas, además de poco factible, da la impresión de que quiere acrecentar su poder. No se conforma con haberle ganado la carrera a Eduardo Medina Mora, y mandar sobre 32 mil efectivos. Quiere más.
Este tema, entre otros, fue de los que levantaron polémica en su comparecencia en el recinto de San Lázaro. Ahí a García Luna, lo señalaron como protector de algunos capos sinaloenses y en otros momentos de enriquecerse irregularmente al amparo de su puesto. En este contexto lanzó la idea de que era necesario cesar las funciones de las policías municipales por su grado de narco-infiltración. El argumento aparece muy flojo ya que en ningún momento mostró estudios de inteligencia que avalaran su dicho y que legitimaran su propuesta.
Pero, además el tema de la inclusión de policías municipales afines a algún grupo delincuencial no es privativo, ni con mucho, a este tipo de dependencias; también las federales, llámense Policía Federal Preventiva (PFP) o Ministerial Federal (PMF), antes AFI, están plagadas de agentes relacionados de alguna u otra forma con gente ligada al crimen organizado.
Por ejemplo, el 8 de mayo de 2008 fue asesinado quien fuera el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán Gómez. Oficialmente el motivo de la ejecución fue el arresto de trece pistoleros que se habían enfrentado a policías federales según el coordinador de la División Antidrogas de la PFP, Gerardo Garay.
Pero en los corrillos policiacos se habló de una eventual negociación no cumplida entre los Beltrán y el funcionario ejecutado. Esta versión que, aunque fue conocida por el despacho de García Luna, nunca fue desmentida.
El jueves 27 de junio de 2008, Igor Labastida Calderón, comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) y cercano al círculo de García Luna fue ejecutado en un local en la calzada México-Tacuba. Entre los años 2004 y 2005, este funcionario fue investigado por la PGR por señalamientos que lo involucraban en presuntos actos de corrupción, además de facilitar la infiltración de policías al servicio de la delincuencia organizada, es decir por nexos con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y una supuesta extorsión que al final resultó con el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del ex presidente Carlos Salinas.
Como delegado en Chihuahua –1994-96– de la dependencia que hoy dirige, bajo el mando de Antonio Lozano Gracia, recomendado por El jefe Diego, el nuevo “abogado de la Nación” tenía ante sí el reto de esclarecer los homicidios seriales en contra de mujeres en Ciudad Juárez y evidentemente no tuvo la capacidad de hacerlo.
Aún más, su declaraciones, calificadas como poco pensadas, desafortunadas y machistas en el sentido de que las víctimas eran las responsables de su destino porque, palabras más o menos, el tipo de ropa que usaban y las amistades que frecuentaban, le trajo serios problemas con organizaciones oficiales y no gubernamentales dedicadas al tema de la protección de los derechos humanos.
Entre 1996 y 1998, Chávez Chávez se desempeñó como procurador del estado de Chihuahua, durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas. Sólo como dato adicional, durante su gestión al frente de la dependencia ocurrieron cuando menos 500 asesinatos de mujeres y la desaparición de 190 hombres. Asimismo hubo varios señalamientos de que el hoy procurador federal utilizaba su plataforma de poder para beneficiar de alguna forma u otra a Diego Fernández de Cevallos.
Incluso, en el expediente del macroproceso en contra del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, aparece una declaración de Donaciano Carrillo Fuentes en el sentido de que uno de los gobernadores que le pedía más dinero a su hermano, El señor de los cielos, era precisamente Barrio Terrazas. Evidentemente la PGR jamás abundó en este señalamiento.
Posteriormente Chávez Chávez fue designado como titular del Órgano Interno de Control y Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En 2002 fue de los actores que recibieron otro señalamiento toda vez que quien era el director de Recursos Financieros de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Arturo Fernández López, denunció que la coordinadora de la dependencia, Carmen Segura, era responsable de malversación de fondos públicos.
La querrella fue presentada precisamente ante la instancia que encabezaba Chávez Chávez. Sin embargo cuando el expediente fue enviado a la Secretaría de la Función Pública, al denunciante le señalaron que tenía todos los elementos para que Carmen Segura fuera absuelta y así sucedió finalmente. En octubre del 2003, dos individuos intentaron asesinar a Arturo Fernández López de cuatro balazos.
Durante su comparecencia ante las diputadas y diputados federales, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna lució su ya conocida pose de responder a los señalamientos. Un actitud muy similar a la de los analfabetas funcionales, que son aquellos que a lo mejor tienen ideas pero no saben cómo expresarlas.
Por ejemplo su idea de desmunicipalizar las actividades policiacas, además de poco factible, da la impresión de que quiere acrecentar su poder. No se conforma con haberle ganado la carrera a Eduardo Medina Mora, y mandar sobre 32 mil efectivos. Quiere más.
Este tema, entre otros, fue de los que levantaron polémica en su comparecencia en el recinto de San Lázaro. Ahí a García Luna, lo señalaron como protector de algunos capos sinaloenses y en otros momentos de enriquecerse irregularmente al amparo de su puesto. En este contexto lanzó la idea de que era necesario cesar las funciones de las policías municipales por su grado de narco-infiltración. El argumento aparece muy flojo ya que en ningún momento mostró estudios de inteligencia que avalaran su dicho y que legitimaran su propuesta.
Pero, además el tema de la inclusión de policías municipales afines a algún grupo delincuencial no es privativo, ni con mucho, a este tipo de dependencias; también las federales, llámense Policía Federal Preventiva (PFP) o Ministerial Federal (PMF), antes AFI, están plagadas de agentes relacionados de alguna u otra forma con gente ligada al crimen organizado.
Por ejemplo, el 8 de mayo de 2008 fue asesinado quien fuera el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán Gómez. Oficialmente el motivo de la ejecución fue el arresto de trece pistoleros que se habían enfrentado a policías federales según el coordinador de la División Antidrogas de la PFP, Gerardo Garay.
Pero en los corrillos policiacos se habló de una eventual negociación no cumplida entre los Beltrán y el funcionario ejecutado. Esta versión que, aunque fue conocida por el despacho de García Luna, nunca fue desmentida.
El jueves 27 de junio de 2008, Igor Labastida Calderón, comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) y cercano al círculo de García Luna fue ejecutado en un local en la calzada México-Tacuba. Entre los años 2004 y 2005, este funcionario fue investigado por la PGR por señalamientos que lo involucraban en presuntos actos de corrupción, además de facilitar la infiltración de policías al servicio de la delincuencia organizada, es decir por nexos con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y una supuesta extorsión que al final resultó con el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del ex presidente Carlos Salinas.
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