La Reforma de Justicia Penal podría
aprobarse en julio o agosto.

Guadalajara

El paquete compuesto por seis iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo estatal las cuales conforman la reforma de justicia penal ya fue presentado ante la Comisión legislativa de Justicia en el Congreso local y se espera que entre los meses de julio y agosto próximos se puesto a consideración del pleno de los diputados.
Francisco Castillo Rodríguez y Omar Lenin Luna Osorio, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de la Procuraduría General de Justicia, respectivamente, fueron quienes comparecieron ante los legisladores para presentar un resumen ejecutivo de las propuestas del gobierno estatal.
En el documento también están contemplados los temas de Juicios Orales y Justicia Alternativa, además de reformas a la Constitución del Estado y las leyes de Justicia Administrativa, de Responsabilidades, para los Servidores Públicos, Orgánica del Poder Ejecutivo, Orgánica del Poder Judicial, Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los códigos de Penal y de Procedimientos Penales, así como expedir seis ordenamientos relativos a la seguridad pública, ejecución de penas, la Procuraduría de Justicia y especialmente las leyes de Control de Confianza y Extinción de Dominio.
En su intervención Castillo Rodríguez señaló que en materia constitucional se busca adecuar las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Judicial en cuanto a la modificación y duración de las penas, con la finalidad de que aquéllas sean propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Destacó algunos de los puntos de la reforma, como son la “duración de las penas para que sean proporcionales y exclusivas, las controversias y relaciones entre los agentes del ministerio público y peritos. Se le otorgan facultades a la Procuraduría para crear fiscalías especiales para el combate de algunos delitos”, como el narcomenudeo. “Es una iniciativa muy amplia, me parece que estamos dando un gran avance, un gran paso en materia de procuración e impartición de justicia y el Poder Legislativo será responsable de esta tarea para efecto de que podamos contar con ella muy pronto”.
Por lo que se refiere a la iniciativa de Ley de Control de Confianza, se explicó que los servidores públicos que participan en la seguridad, defensoría de oficio, así como en la procuración y administración de justicia, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios.
Por su parte, Luna Osorio manifestó que por tratarse de un sistema procesal acusatorio, la figura del Ministerio Público (MP) se fortalece o equilibra en relación con las partes, lo que es la defensa pública o particular, lo que es el juzgador y el MP.
En este sentido, dijo que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Procuraduría contiene todos los elementos que se están trasladando de la reforma constitucional, como la aplicación de la figura de la extinción de dominio y conocer de asuntos de narcomenudeo.
Explicó que también se establece la posibilidad de crear fiscalías especiales y fijar la relación de naturaleza administrativa en cuanto a agentes del MP, defensores de oficio y peritos
En la propuesta de artículos transitorios, expuso que se fijan los siguientes plazos para la entrada en vigor del nuevo procedimiento penal: el 2010 para delitos de bajo impacto; el 2011 para los de mediano impacto y el 2012 para los de alto impacto.
Al final de la sesión el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, anunció que por acuerdo con los legisladores vocales presentarán, dentro de las siguientes 48 horas, las propuestas de análisis y discusión con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Entrevistada aparte la diputada María Verónica Martínez Espinoza dijo que aún hay mucho que debatir acerca de las iniciativas, y señaló que no era necesario equiparar con lo federal las adecuaciones para la Reforma de Justicia Penal en el estado.
Asimismo dijo que era preocupante la desaparición del concepto “de cuerpo del delito” por que se va a poner detener a las personas, “con mucha facilidad y por cualquier situación, y planteó que en el análisis de la reforma propuesta por el Ejecutivo participen los funcionarios del Poder Judicial con un calendario específico.